A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Córdoba intervino en la situación que atravesaba un grupo de personas que se encontraban alojadas en un edificio en construcción ubicado en la intersección de bulevar San Juan y San José de Calasanz.
La actuación se produjo luego de que la Fiscalía constatara que el inmueble no reúne condiciones de habitabilidad. Ante esta situación, distintas áreas del municipio, en articulación con el Gobierno de la Provincia, iniciaron un abordaje integral de las personas registradas en el lugar.
El secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, explicó que se acordó el traslado de los ocupantes hacia un dispositivo municipal para realizar entrevistas individuales a cada grupo familiar. “El objetivo es evaluar la situación particular de cada caso, identificar necesidades específicas y brindar la respuesta más adecuada”, indicó el funcionario.
Las intervenciones municipales en este inmueble no son recientes. Hace aproximadamente un año, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano ya había realizado un relevamiento social en el sector, en el marco de las tareas habituales de abordaje territorial que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.
Además, el martes 10 de marzo se llevó adelante un nuevo relevamiento solicitado por la Justicia, que permitió ingresar al interior de la construcción para identificar y registrar a las personas presentes. En esa instancia, el equipo interdisciplinario detectó un total de 19 personas: 17 adultas y dos adolescentes de 15 y 17 años.
Según detalló La Cava, 17 de las personas relevadas ya habían tenido intervenciones previas por parte de la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social. En distintos momentos habían sido incorporadas a programas y dispositivos municipales de acompañamiento, como alojamientos temporales, programas de emergencia o asistencia vinculada a situaciones de consumo problemático. Sin embargo, por diversos motivos dejaron de participar posteriormente de estos dispositivos, lo que motivó nuevos abordajes por parte del municipio.
Durante el operativo, los equipos profesionales relevaron información personal para evaluar el nivel de riesgo y las necesidades específicas de cada persona. En ese proceso se detectaron casos de enfermedades crónicas, situaciones vinculadas a la salud mental y personas con discapacidad motora.
A partir de esta información se coordinó el seguimiento con centros de salud de referencia, entre ellos los hospitales Tránsito Cáceres de Allende, Misericordia y San Roque.
En el caso de las dos adolescentes identificadas en el lugar, se iniciaron acciones específicas destinadas a garantizar su escolaridad y el acceso a la alimentación. Asimismo, se convocó a sus responsables a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano para profundizar el acompañamiento y asegurar la restitución de derechos.
Durante la intervención también se identificó a un grupo familiar que había sido previamente beneficiado con la adjudicación de una vivienda a través de un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, por lo que el caso fue reincorporado al seguimiento institucional correspondiente.
Finalmente, los equipos municipales constataron que el edificio presenta condiciones críticas de habitabilidad, con ausencia de servicios básicos y acumulación de residuos de obra, lo que implica riesgos sanitarios y estructurales para quienes se encontraban allí.