El debate en torno a los cuidadores de vehículos en la vía pública, conocidos como “naranjitas”, se ha convertido en un tema de alta sensibilidad social en la ciudad. La problemática expone tensiones profundas entre la necesidad de garantizar el orden y la seguridad en el espacio público, y la realidad de cientos de personas que encuentran en esta actividad una forma de subsistencia ante la falta de empleo formal. En este contexto, cualquier medida o regulación no solo impacta en la convivencia urbana, sino también en el tejido social, lo que vuelve imprescindible un abordaje integral, equilibrado y con mirada humana.
La Comisión de Servicios Públicos, encabezada por Marcos Vázquez (HUxC), inició el tratamiento conjunto de 11 iniciativas vinculadas al servicio de cuidadores de vehículos en la vía pública, conocidos popularmente como “naranjitas”, en distintos sectores de la ciudad.Durante el encuentro, Vázquez señaló que el cuerpo también sigue de cerca la posible normativa que apruebe la Legislatura Unicameral, con la intención de adherir y avanzar en un ordenamiento a nivel municipal. “Buscamos dar respuesta a una problemática compleja, sin perder de vista que detrás hay personas. Las soluciones no pueden ser meramente digitales ni implicar la pérdida de puestos de trabajo”, expresó.
Luego se abrió una instancia de intercambio entre los concejales, quienes comenzaron a fijar sus posturas.
Soher El Sukaría (PRO) defendió la idea de un estacionamiento libre y gratuito, y planteó que, en caso de implementarse un sistema pago, este debe ser “trazable y transparente, sin necesidad de interactuar con una persona”.
Por su parte, Gabriel Huespe (Ciudadanos) distinguió entre quienes solicitan una contribución voluntaria, aquellos organizados en cooperativas y quienes actúan de manera irregular, incluso con amenazas. Propuso capacitación e inserción laboral para quienes no puedan continuar en la actividad y advirtió: “Mientras retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”.
Desde Jéssica Rovetto (Cordobeses por la Libertad), se sostuvo que los vecinos deben poder estacionar sin costo y que es el Estado quien debe garantizar la seguridad.
En ese marco, rechazó tanto la contratación de cuidacoches como de empresas privadas, proponiendo directamente la prohibición total.En la misma línea, Luciano Agüero Díaz (UCR) pidió priorizar la solución para los vecinos que denuncian situaciones de extorsión y planteó analizar luego, de manera individual, la situación de las personas que integran cooperativas.
A su turno, Verónica Garade Panetta consideró que una norma por sí sola no resolverá los problemas de marginalidad, y reclamó la intervención de áreas municipales para abordar los conflictos, sin depender exclusivamente de la policía.
Desde el oficialismo, Diego Casado llamó a “no criminalizar la pobreza” y propuso reconvertir el rol de los trabajadores organizados en cooperativas para que cumplan funciones como auxiliares del ordenamiento urbano.
El concejal radical Javier Fabre sostuvo que el sistema actual no funciona y planteó avanzar hacia un esquema unificado mediante aplicaciones para toda la ciudad, señalando además un creciente rechazo social hacia la actividad.
Desde la izquierda, Cintia Frencia cuestionó los enfoques centrados en la prohibición y la persecución, y advirtió sobre la estigmatización de los sectores más vulnerables. “No son el principal problema de seguridad; buscan su sustento diario. Prohibir no soluciona nada: hay más naranjitas porque falta trabajo”, argumentó.
Por último, Nicolás Piloni reconoció que la situación se ha agravado en el contexto de pobreza creciente, aunque se mostró en contra de una prohibición total. Propuso, en cambio, diferenciar entre quienes cumplen tareas legítimas y quienes cometen delitos, y sugirió que los cuidacoches puedan integrarse al control del estacionamiento medido.