En la 20ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Legislatura Unicameral aprobó dos iniciativas que actualizan el marco normativo del ejercicio profesional y la colegiación del trabajo social en Córdoba. Se trata de las modificaciones a las leyes provinciales 7341 y 7342, vigentes desde 1985.
Los cambios responden a las transformaciones sociales, políticas y culturales ocurridas en las últimas décadas, tanto en el país como a nivel internacional, y buscan adecuar la normativa a la ley nacional N° 27.072.
Los proyectos, impulsados por los legisladores Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, fueron elaborados tras un amplio intercambio con profesionales y académicos. Por ello, representantes del Colegio Profesional, autoridades de la Fepuc y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC acompañaron el debate y la votación en el recinto.
El proyecto 42674 actualiza la Ley 7.341, que regula el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus ramas o especialidades dentro de la provincia. El texto destaca que “en estos años se produjeron grandes cambios en el Trabajo Social, a partir de nuevas concepciones, ámbitos de intervención y titulaciones que avalan el ejercicio profesional”. En ese sentido, la nueva normativa redefine incumbencias, derechos y obligaciones de quienes ejercen la disciplina.
Por su parte, el proyecto 42675 introduce una adecuación terminológica al reemplazar el concepto de “servicio social” por “trabajo social”. Asimismo, establece la creación del Colegio de Profesionales en Trabajo Social, que funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal y será el único ente reconocido por el Estado Provincial para ejercer las funciones establecidas en la ley.
La institución incorporará un enfoque de derechos humanos y perspectiva social en su accionar. Además de otorgar y fiscalizar la matrícula profesional, deberá proteger a sus miembros en los planos ético, técnico, económico y social; proponer un régimen de aranceles mínimos obligatorios; y actuar contra el ejercicio ilegal de la profesión, entre otras responsabilidades.
El nuevo marco también promueve la democratización interna mediante una estructura organizacional federal y participativa, que contempla delegaciones regionales con autoridades propias y un Consejo Superior provincial compuesto por una Mesa Ejecutiva y representantes de cada delegación.
“Estas normas no nacen de un escritorio, sino del diálogo con el sector. Así entendemos la política: trabajando con la gente y construyendo herramientas para transformar realidades”, expresó el legislador Chamorro, voz informante del proyecto. Y agregó: “No es solo una ley de colegiación o regulación profesional; es una herramienta de construcción de futuro”.
A su turno, la legisladora Ariela Szpanin destacó: “Estas leyes fortalecen a una institución clave. Los trabajadores sociales son la primera línea frente a la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, la discapacidad y otras problemáticas que desafían al Estado. Es una actualización necesaria; una inversión en dignidad y reconocimiento”.
Chamorro concluyó: “No hay justicia social posible sin trabajadores y trabajadoras sociales. Estas leyes fortalecen nuestra democracia”.