El intendente Daniel Passerini anunció un refuerzo económico destinado a 100 instituciones que forman parte de la Comisión Municipal de Discapacidad, en el marco de la primera sesión anual del Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó la importancia de sostener y fortalecer este espacio de participación: “Es fundamental que este ámbito colectivo continúe activo. Destaco la presencia de concejales de distintos espacios políticos, porque el compromiso de acompañar, proteger y estar cerca de quienes más lo necesitan debe estar siempre por encima de cualquier diferencia”.
En ese contexto, Passerini confirmó que cada una de las instituciones recibirá un aporte de $8 millones, en reconocimiento al trabajo que realizan en el acompañamiento de personas con discapacidad, la promoción de sus derechos y la mejora de su calidad de vida. Además, subrayó la necesidad de reforzar la asistencia en un escenario complejo: “Estamos atravesando un año difícil, por eso decidimos redoblar el acompañamiento y priorizar lo esencial”.
Por su parte, el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, valoró el trabajo articulado del Consejo: “Más allá de las diferencias, es posible construir en conjunto. Este espacio ha demostrado que se puede escuchar, dialogar y transformar las propuestas en acciones concretas”.
Durante la jornada, representantes de las organizaciones compartieron los resultados obtenidos a partir de los fondos recibidos en años anteriores. Desde la Fundación Familias CEA destacaron avances como la regularización administrativa, la capacitación en trato adecuado, la producción de material en sistema Braille, la participación en eventos culturales y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
Un espacio de participación y construcción colectiva
El Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad fue creado en diciembre de 2021 con el objetivo de promover la inclusión, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de derechos. Funciona a través de dos instancias: una Mesa Ejecutora y una Mesa Asesora, que trabajan de manera articulada para incorporar el enfoque de derechos en las políticas públicas y fortalecer el vínculo entre el Estado municipal y las organizaciones de la sociedad civil.