La provincia de Córdoba se convirtió en el centro de las reacciones frente a la reciente decisión del gobierno nacional de reducir temporalmente las retenciones al sector agropecuario, resaltando la relevancia de esta medida para la región. Con un impacto significativo en las provincias del centro del país, donde la agroindustria es un eje clave de la economía, la iniciativa busca aliviar la carga impositiva sobre uno de los sectores más dinámicos de Argentina.
La nación dispuso la eliminación de retenciones a las economías regionales y la baja de los derechos de exportación para todos los cultivos hasta junio próximo, que tendrá un impacto de unos $800.000 millones en la caída de la recaudación impositiva.
Esta decisión no tardó en generar un profundo debate a nivel nacional, dividiendo opiniones tanto en el ámbito político como en el productivo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rápidamente manifestó su apoyo a la decisión, describiéndola como una respuesta a los
constantes reclamos del sector agropecuario y de los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Según Llaryora, esta medida representa un alivio para los productores locales, quienes durante años han señalado que las altas retenciones limitaban su competitividad y afectaban su rentabilidad. Además, enfatizó que la baja temporal de las retenciones contribuirá al fortalecimiento de las economías regionales y, por ende, al desarrollo económico de toda la provincia. La medida no estuvo exenta de polémica.
Por su parte, el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, adoptó un enfoque diferente en su análisis de la situación. Pretto, aunque destacó la firmeza del gobierno provincial en el reclamo, optó por considerar pertinente también la decisión del gobierno nacional.
“Hay que reconocer que el Gobierno Nacional respondió favorablemente al pedido de los Gobernadores para defender la producción agropecuaria de las Retenciones. Finalmente el reclamo era atinado y oportuno”, señaló Javier Pretto.
Lo que queda claro es que el debate sobre las retenciones al campo no solo se mantendrá vigente, sino que continuará siendo un tema de gran relevancia en la agenda política y económica del país. Esta discusión, que involucra tanto a los actores políticos como a los productores agropecuarios, tendrá implicancias significativas para el futuro del sector agrícola y la estabilidad económica.